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17 de mayo de 2018
Debates pendientes
El anuncio respecto de que la explotación del yacimiento de Bajo...

El anuncio respecto de que la explotación del yacimiento de Bajo de la Alumbrera se extenderá diez años más, aunque con una productividad mucho menor a la del actual método de explotación a cielo abierto, se da en un contexto de debates pendientes y problemas irresueltos, los mismos que caracterizaron al proceso iniciado cuando promediaba la década del noventa. 
 
 
El Gobierno provincial está decidido a profundizar la política minera, a la que considera prioritaria para el desarrollo provincial. De hecho, durante el discurso del pasado 1 de Mayo, la gobernadora Lucía Corpacci, además de ratificar la prolongación de la actividad de Alumbrera, mencionó numerosos proyectos que se encuentran en la etapa de exploración. 
 
 
El entusiasmo oficial, sin embargo, no alcanza para disimular las dificultades que ha tenido la minería para alcanzar en Catamarca la necesaria licencia social, que es, en términos simplificados, el aval a la actividad de parte de la comunidad en la que se insertan los proyectos. Esta falta de consenso, tal vez no muy visible en el comienzo de la explotación, fue advirtiéndose de manera más notable a medida que se fueron frustrando los grandes sueños de progreso que albergaba en la conciencia colectiva histórica de los catamarqueños la posibilidad de la puesta en marcha de la gran minería. 
 
 
Es decir, además del argumento de los grupos ambientalistas, que rechazan la actividad básicamente en su modalidad a cielo abierto, hay un fuerte cuestionamiento social por los escasos beneficios en materia de desarrollo. Es que el impacto fue escaso, pese a que durante el proceso de explotación del yacimiento ingresaron a las arcas de la provincia, vía regalías o como socia del emprendimiento a través de su participación en YMAD, miles de millones de pesos. 
 
 
Pero esos recursos, según la evaluación que surge del sentido común, corroborada además por la contundencia de los registros contables, fueron despilfarrados en una proporción importante, pues se destinaron a propósitos alejados del objetivo central, planteado incluso legalmente, que es el de invertir en infraestructura para el desarrollo. 
 
 
No parece atinado que Catamarca prescinda de la actividad minera solo porque los beneficios esperados no guardan relación con los efectivamente obtenidos, o porque existen denuncias respecto de contaminación ambiental. La minería representa un potencial de desarrollo que la provincia debe aprovechar, garantizando que los emprendimientos cumplan con los parámetros ambientales, que los ingresos sean capaces de generar desarrollo, y que el impacto indirecto, medido en generación de puestos de trabajos locales y desarrollo de proveedores de la provincia, sea fuertemente superior al obtenido hasta ahora. 
 
 
Las expectativas por la nueva etapa que se abre en la minería catamarqueña están opacadas por los debates pendientes. El Gobierno provincial debería generar nuevos ámbitos de participación, particularmente integrando a esos espacios a las fuerzas vivas de las zonas donde se radicarán los proyectos, para discutir el impacto ambiental, los criterios de inversión de los recursos que se obtengan, y las estrategias para generar mayor impacto indirecto.
 
El Ancasti



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